Miles de latinoamericanos han entrado en Europa con una fórmula que Italia acaba de suprimir: los bisabuelos
Un dato para situar en contexto la medida tomada por el gobierno italiano. Solo en 2024, la cifra de nuevos ciudadanos italianos que se inscribieron a través de los consulados de Argentina y Brasil registraron 30.000 y 20.000 casos respectivamente. La mayoría lo hacía de la forma que se lleva haciendo durante décadas y que ha permitido emigrar a cientos de miles de personas de América del Sur a Europa: por ascendencia de sangre. Italia acaba de poner coto a la fórmula.
Restringir la ciudadanía. La nación europea ha decidido recortar de manera considerable la ciudadanía por ascendencia (jus sanguinis), limitándola exclusivamente a quienes tengan padres o abuelos italianos, eliminando así la posibilidad que durante décadas permitió a descendientes lejanos, incluso de cuarta o quinta generación, obtenerla si podían probar un ancestro italiano vivo después de 1861.
La decisión, anunciada por el gobierno de Giorgia Meloni y ejecutada de inmediato sin previo aviso, busca frenar el colapso institucional generado por el aluvión de solicitudes, en su mayoría provenientes de América del Sur, donde millones de personas con raíces italianas han intentado acceder a un pasaporte europeo. Según Antonio Tajani, ministro de Exteriores, la medida responde a “años de abusos”, ya que muchos solicitantes no tienen vínculos reales con Italia y buscan la ciudadanía solo para facilitar la movilidad internacional.
Demostrar ser bilingüe. Al parecer, la medida también obliga a los solicitantes a demostrar dominio del idioma italiano mediante un examen oficial, haber residido al menos tres años en Italia, y someterse a un proceso centralizado con entrevistas presenciales, eliminando la gestión tradicional a través de consulados. Plus: deben cumplir con obligaciones como votar, pagar impuestos y renovar documentos para no perder la nacionalidad.
Además, la transmisión de ciudadanía por matrimonio se endurece, exigiendo dos años de residencia conjunta en Italia, mientras que el coste de solicitud se ha duplicado a 600 euros. Por otro lado, los italianos que residen fuera y no cumplen con estas obligaciones corren el riesgo de perder su ciudadanía, lo que afecta incluso a sus descendientes.
Sistema saturado, negocio millonario. Por supuesto, hay mucho más detrás de la medida. Como apuntaba el New York Times, el problema no es solo numérico: en la última década, la cifra de italianos residentes en el exterior creció un 40%, pasando de 4.6 millones en 2014 a 6.4 millones en 2024, principalmente por la concesión de nuevas ciudadanías. En 2024 y como avanzamos, solo en Argentina se otorgaron 30.000 ciudadanías, y en Brasil, otras 20.000.
Qué duda cabe, la avalancha ha desbordado tribunales, registros civiles y consulados, donde incluso se han vuelto habituales las citas de madrugada para lograr un turno. Además, se ha generado un lucrativo negocio paralelo donde empresas y gestores cobran miles de euros a los solicitantes para rastrear documentos y presentar solicitudes, aprovechándose de una ley que, según Tajani, “se convirtió en una oportunidad de fraude y ciudadanía simulada”.
El dilema ético (y político). La medida ha generado debate incluso dentro de la propia derecha italiana. Si bien sectores nacionalistas apoyan restringir el acceso para evitar que la ciudadanía sea vista solo como un medio de obtención de pasaporte, otros critican que, mientras se concede la nacionalidad a descendientes lejanos, se continúe negando a hijos de inmigrantes nacidos y criados en Italia, quienes solo pueden aspirar a ella al cumplir los 18 años y bajo condiciones estrictas.
Plus: Italia se enfrenta a un problema que se reproduce cada vez en más naciones. Hablamos de la grave crisis demográfica, con baja natalidad y envejecimiento poblacional, pero aun así ha optado por restringir, en lugar de flexibilizar, su política de ciudadanía.
Cambios legales y endurecimiento. La reforma no es aislada. Desde octubre de 2024, el Ministerio del Interior ya había comenzado a limitar las solicitudes tras una interpretación más estricta del Tribunal Supremo en la que cortaba la cadena de transmisión de la ciudadanía si un antepasado se había naturalizado en otro país mientras sus hijos eran menores, dejando a miles de solicitantes sin opciones tras años de inversión y trámites.
La nueva decisión ha provocado frustración entre quienes llevaban años recopilando documentos y gestionando expedientes, un enfado que ha quedado reflejado en foros y redes sociales donde abundan testimonios sobre las grandes sumas de dinero y tiempo perdidos. Contaban en CNN el caso de muchas familias que viajan rumbo a Italia desde América del Sur para iniciar el proceso de ciudadanía y que ahora se encuentran sin respaldo legal tras haber vendido propiedades y reorganizado su vida siguiendo la normativa anterior.
Si se quiere también, la reforma profundiza así la distancia entre la Italia que protege su vínculo simbólico con emigrantes de generaciones pasadas y la que sigue sin integrar plenamente a quienes ya forman parte de su sociedad actual.
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Miguel Jorge
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